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ALCALDES DE CALI Y MEDELLÍN SE REUNIERON CON SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EE. UU.

  • septiembre 10, 2025
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Los alcaldes de Cali, Alejandro Eder, y de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvieron un encuentro en Washington con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Ambos mandatarios locales destacaron el papel estratégico de ese país como socio en seguridad, comercio e inversión social para Colombia y subrayaron la importancia de seguir consolidando esta relación en beneficio de sus regiones.

Eder resaltó que para Cali resulta fundamental profundizar los apoyos en materia de seguridad ciudadana, antiterrorismo y atracción de nuevas inversiones que generen empleo. Subrayó que la cooperación con Estados Unidos ha sido clave durante décadas y que hoy es aún más necesaria para evitar un retroceso hacia épocas marcadas por el narcoterrorismo.

Por su parte, Gutiérrez enfatizó en la necesidad de fortalecer las relaciones “subnacionales”, es decir, entre ciudades y regiones de Colombia con Estados Unidos. Indicó que durante el encuentro se abordaron temas de seguridad, comercio e inversión social, y recalcó que Colombia “no cederá ante el narcoterrorismo y el crimen”.

Ambos alcaldes coincidieron en que la agenda internacional de sus ciudades debe servir para atraer inversión, promover cooperación y reforzar la seguridad. Con mensajes de unidad, Eder y Gutiérrez aseguraron que su trabajo busca no solo el desarrollo de Cali y Medellín, sino también el fortalecimiento de los lazos bilaterales que han caracterizado la relación entre Colombia y Estados Unidos.

CORTE SUPREMA DE EE. UU. ACELERA AUDIENCIA SOBRE ARANCELES DE TRUMP Y LAS MANTIENE VIGENTES

La Corte Suprema de Estados Unidos tomó la decisión de dar un trámite inusualmente rápido a la demanda contra los aranceles impuestos por Donald Trump y confirmó que las tarifas seguirán vigentes mientras se resuelve el caso.

El alto tribunal escuchará los alegatos en noviembre, en un calendario acelerado para sus estándares, con un fallo que podría redefinir el alcance del poder presidencial en materia comercial y el futuro de la política arancelaria estadounidense.

Los aranceles, que gravan importaciones desde casi todos los países, han sido cuestionados por pequeñas empresas y estados que denuncian estar al borde de la quiebra. Alegan que el presidente excedió sus facultades y que la Constitución otorga al Congreso la potestad de imponer tributos de este tipo.

Trump, por su parte, defiende la medida como esencial para la seguridad y estabilidad económica de Estados Unidos, advirtiendo que eliminarlas llevaría al país “al borde de una catástrofe” y debilitaría su capacidad de presión en negociaciones internacionales clave.

Aunque dos cortes inferiores ya habían fallado contra la legalidad de los aranceles, una corte de apelaciones dividida permitió mantenerlos en vigor. El debate gira en torno a la interpretación de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga al Ejecutivo ciertas atribuciones durante emergencias, pero que para muchos no fue diseñada para justificar medidas tan amplias y prolongadas.

El costo económico de la medida es evidente: los ingresos por aranceles ascendieron a US$159.000 millones hasta agosto, más del doble que un año atrás. Sin embargo, este resultado viene acompañado de mayores costos para consumidores, riesgos de menor crecimiento económico y tensiones en las cadenas de valor globales.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA MAYOR CONTROL A LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS PARA PROTEGER A LOS CONSUMIDORES

El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial que ordena al secretario de Salud y al Comisionado de la FDA reforzar la supervisión de la publicidad directa al consumidor de medicamentos, con el fin de garantizar que esta sea veraz, completa y no engañosa. La medida busca aumentar la información sobre riesgos en los anuncios de fármacos, un sector que en 2024 superó los 10.000 millones de dólares en inversión publicitaria.

La Casa Blanca advirtió que este tipo de anuncios puede inducir a los pacientes a sobrevalorar los beneficios de los medicamentos, minimizar sus riesgos, promover tratamientos farmacológicos en lugar de cambios de estilo de vida e incluso interferir en la relación médico-paciente. Además, subrayó que Estados Unidos es uno de los dos únicos países en el mundo que permite a las farmacéuticas dirigir publicidad directamente a los pacientes.

Trump señaló que las campañas, incluidas aquellas en redes sociales con “influencers”, no han sido monitoreadas adecuadamente y representan un riesgo para la transparencia y la seguridad de los pacientes. Por ello, ordenó que la FDA refuerce la aplicación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que exige que la publicidad de medicamentos sea veraz y no engañosa.

La decisión se enmarca en la agenda de la Casa Blanca para imponer mayor transparencia en el sistema de salud. En meses recientes, Trump también firmó órdenes ejecutivas para hacer cumplir la regulación de transparencia de precios hospitalarios y para exigir a las farmacéuticas que los precios que pagan los estadounidenses por medicamentos sean equiparables a los de otros países bajo un esquema de “nación más favorecida”.

Con este paso, la administración Trump busca limitar la influencia de los grandes laboratorios en el consumo de medicamentos y reafirmar su mensaje político de poner “a los pacientes primero” frente a los intereses de la industria farmacéutica.

POBREZA EN EE.UU. SE MANTUVO ESTABLE EN 2024, CON MEJORAS SOLO EN LOS MÁS RICOS

El U.S. Census Bureau informó que la tasa de pobreza en Estados Unidos no registró cambios significativos en 2024, último año de la administración Biden. La medida suplementaria de pobreza se situó en 12,9%, mientras que la tasa oficial descendió levemente a 10,6%, lo que equivale a 35,9 millones de personas bajo el umbral de pobreza. Para una familia de cuatro, el ingreso anual de referencia fue de 31.812 dólares.

Los ingresos medianos de los hogares se mantuvieron prácticamente sin cambios en 83.730 dólares, aunque con disparidades. Según la oficina, los ingresos en el percentil 90 aumentaron 4,2%, mientras que en los percentiles 10 y 50 no hubo variaciones. “Es una historia de estabilidad, pero no de crecimiento, salvo en la parte alta de la distribución”, explicó Liana Fox, funcionaria del Censo.

Por grupos raciales, los hogares asiáticos (+5,1%) e hispanos (+5,5%) tuvieron mejoras, mientras que los afroamericanos sufrieron una caída de 3,3%. Los ingresos de los hogares blancos permanecieron estables. En términos de género, la brecha salarial se amplió, ya que la proporción entre ingresos femeninos y masculinos bajó a 80,9% desde 82,7% en 2023.

El informe también mostró que la mayoría de los estadounidenses tuvo cobertura de salud durante 2024, aunque 27,1 millones de personas (8% de la población) permanecieron sin seguro médico en todo el año. La falta de cobertura se concentró en comunidades con menores ingresos y entre trabajadores independientes.

En conjunto, las cifras reflejan un panorama de estabilidad económica sin mejoras sustanciales en los niveles de vida de la mayoría, salvo en los sectores de mayores ingresos. Para analistas, este desempeño plantea un reto político en un contexto de desaceleración del empleo y de crecientes presiones inflacionarias en 2025.

PRESIDENTE TRUMP LANZA OPERACIÓN DE DEPORTACIONES EN ILLINOIS EN MEDIO DE TENSIONES CON CHICAGO

El Gobierno de Donald Trump anunció el inicio de “Operation Midway Blitz”, un operativo de deportación en Illinois liderado por ICE y dirigido a inmigrantes sin estatus legal con antecedentes criminales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la medida responde a las leyes “santuario” del estado y de Chicago, que limitan la cooperación con autoridades federales.

El alcance del operativo aún no está claro, pero autoridades locales denunciaron que no recibieron notificación oficial. El gobernador JB Pritzker y el alcalde Brandon Johnson calificaron la acción como un “espectáculo político” diseñado para intimidar a las comunidades inmigrantes. Ambos subrayaron que la ciudad registra descensos en homicidios y delitos violentos, en contraste con la narrativa federal.

DHS afirmó que los arrestos se enfocaron en “los peores de los peores criminales”, citando 11 casos de inmigrantes, en su mayoría mexicanos y venezolanos, con antecedentes por delitos graves. Sin embargo, líderes comunitarios denunciaron detenciones indiscriminadas. La concejal Jeylu Gutierrez relató que entre los capturados había un vendedor de flores detenido mientras trabajaba y vecinos arrestados en la calle o esperando el bus.

Trump defendió la operación en su red social Truth, culpando a Pritzker de no solicitar ayuda federal y asegurando que “solo los criminales serán afectados”. El mandatario también compartió un meme con la silueta de Chicago en llamas, lo que fue interpretado como una señal de militarización de la ciudad.

El operativo coincide con otras redadas similares en Boston y Texas, y con un fallo de la Corte Suprema que autoriza detenciones migratorias en California basadas en perfil racial o lingüístico, incluso sin “sospecha razonable”. Para críticos y autoridades locales, estas acciones refuerzan temores de que la Casa Blanca utilice la aplicación migratoria con fines políticos y electorales.

COREA DEL SUR ENVIARÁ AVIÓN PARA REPATRIAR CONNACIONALES DETENIDOS EN REDADA DE ICE

Corea del Sur enviará un Boeing 747-8i de Korean Air para repatriar a los más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos en una redada migratoria en la megaplanta de Hyundai en Georgia. El vuelo saldrá el miércoles desde Incheon con destino a Atlanta y tendrá capacidad para trasladar a todos los retenidos en un solo viaje.

Las detenciones se produjeron porque los empleados carecían de permisos laborales válidos o utilizaban visados inadecuados para desempeñar funciones en la obra de la planta de baterías conjunta entre Hyundai Motor Group y LG Energy Solution. Washington justificó la acción bajo el argumento de cumplimiento estricto de sus leyes migratorias.

El episodio reavivó las quejas de las empresas surcoreanas por la falta de un marco de visados adecuados que permita desplazar técnicos especializados a sus proyectos en EE.UU. La situación es aún más crítica tras el acuerdo comercial firmado con la Administración Trump, que contempla mayores inversiones en sectores estratégicos como baterías y semiconductores.

En Corea del Sur, el caso provocó un notable malestar social. Se registraron protestas en Seúl y una encuesta de Realmeter reveló que casi el 60% de los ciudadanos se declaró decepcionado con la política migratoria de Donald Trump, frente a un 31% que consideró las detenciones una medida inevitable de las autoridades estadounidenses.

CASA BLANCA NIEGA PERFIL RACIAL EN ARRESTOS MIGRATORIOS TRAS AVAL DE LA CORTE SUPREMA

La administración de Donald Trump defendió la actuación de los agentes de ICE, asegurando que los arrestos de migrantes no se realizan por el aspecto físico de las personas. El “zar de la frontera”, Tom Homan, afirmó que los funcionarios consideran “muchos factores” y que actúan bajo sospecha razonable, en cumplimiento de la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el Tribunal Supremo suspendiera un fallo que prohibía a las autoridades realizar detenciones en Los Ángeles basadas en prejuicios raciales o sin causa justificada. Con ello, el alto tribunal dio luz verde a la reanudación de estas prácticas, en un revés para miles de inmigrantes en el sur de California.

Organizaciones defensoras de migrantes han criticado duramente las redadas, denunciando que en la práctica se fundamentan en la apariencia física, el idioma, los tatuajes o el tipo de trabajo. Estas medidas, intensificadas bajo Trump, han sido descritas como discriminatorias y violatorias de derechos fundamentales.

El caso que llegó a la Corte Suprema fue impulsado por Pedro Vásquez Perdomo, inmigrante detenido en una operación en Los Ángeles. “Cuando ICE me detuvo, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Es racismo con placa”, expresó en un comunicado tras conocerse la decisión.

TRUMP IMPULSA REFORMAS DE PERMISOS PARA ACELERAR LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

La administración Trump anunció nuevas directrices para flexibilizar el proceso de permisos de preconstrucción bajo la Ley de Aire Limpio. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) modificará la definición de “inicio de construcción real” para que las empresas puedan adelantar trabajos en secciones no emisoras de plantas e instalaciones antes de recibir la autorización oficial. Según el organismo, la medida busca responder al creciente consumo eléctrico impulsado por los centros de datos de inteligencia artificial.

El administrador de la EPA, Zeldin, defendió el cambio señalando que durante años los permisos han sido “un obstáculo para la innovación y el crecimiento”. La nueva guía permitiría conectar más rápido generación de energía al sistema, garantizando al mismo tiempo salvaguardas ambientales. El asistente Aaron Szabo añadió que esta reforma forma parte de un paquete más amplio de medidas que transformarán el proceso de permisos en Estados Unidos.

El plan supone cierto riesgo para las compañías, que podrían invertir en cimentaciones sin tener aún un permiso definitivo, pero representantes de la industria celebraron la decisión. Afirman que ayudará a acelerar proyectos clave en un momento en que la infraestructura envejecida y el alza en la demanda amenazan con estrangular la red eléctrica.

Empresarios como Danny Seiden, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, destacaron que la acción “envía una señal clara de que EE.UU. quiere liderar la innovación global”, mientras que fabricantes agrupados en la NAM señalaron que la medida aporta la velocidad y certidumbre que necesita la industria. Según los gremios, la combinación de repunte manufacturero y expansión de centros de datos hace urgente contar con más capacidad energética.

El anuncio se enmarca en la agenda energética de Trump, quien critica la transición verde impulsada en el gobierno anterior. Un informe del Departamento de Energía advirtió en julio que los apagones podrían multiplicarse por 100 hacia 2030 si se siguen retirando plantas sin reemplazos adecuados. Con este giro, la Casa Blanca busca garantizar la “dominancia energética” de EE.UU. y evitar lo que califica como una inminente crisis de suministro.

EE.UU. ESTUDIA TRANSFERIR DATOS DE VOTANTES A INVESTIGACIONES CRIMINALES

El Departamento de Justicia (DOJ) analiza compartir con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los padrones electorales que ha recopilado en al menos 24 estados. La División de Derechos Civiles del DOJ había solicitado listados completos de votantes con el argumento de verificar el cumplimiento de las leyes federales de registro, pero ahora planea que Homeland Security Investigations (HSI) cruce la información con sus bases de datos para fines criminales y migratorios.

Según documentos revelados por Reuters, funcionarios consideran legal esta transferencia porque serviría en investigaciones civiles y penales. Sin embargo, expertos advierten que la práctica podría violar la Ley de Privacidad, pues el Gobierno prometió a los estados usar los datos solo para auditar registros y mantener “listas limpias”. El cambio de propósito generó fuertes críticas.

Diversos estados se han resistido a entregar la información. Minnesota negó la petición al señalar que el DOJ no explicó cómo se usarían ni protegerían los datos, mientras que Maine respondió de forma tajante: “Aquí está mi respuesta al DOJ de Trump: váyanse al Golfo de Maine”. En Carolina del Sur, un juez ordenó frenar la entrega tras la demanda de una votante por vulneración de su privacidad.

Pese a los rechazos, el DOJ envió cartas posteriores pidiendo datos más sensibles como números de licencia de conducir, fechas de nacimiento y los últimos dígitos del Seguro Social. La asistente del fiscal general Harmeet Dhillon defendió la solicitud afirmando que la Ley de Derechos Civiles obliga a los estados a conservar registros por 22 meses y que el Gobierno tiene derecho a inspeccionarlos.

El DHS, por su parte, ya ha ampliado el uso de bases como SAVE, que contiene información de no ciudadanos, para cotejar registros electorales. Ahora busca emplear las bases de HSI, con datos más amplios, para verificar la elegibilidad de votantes. Para críticos y expertos legales, este movimiento combina dos ejes del discurso de Trump: la lucha contra la inmigración y las acusaciones de fraude electoral sin pruebas, poniendo en riesgo la privacidad de millones de electores.

EE.UU. VUELVE A SENTENCIAR A ESPAÑA POR RECORTE A RENOVABLES

Un tribunal de Columbia, en Estados Unidos, dictó una nueva sentencia contra España por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables, esta vez en el caso del fondo Infrared, brazo inversor de HSBC. La decisión obliga al país europeo a pagar alrededor de 35 millones de euros en compensación e intereses acumulados, confirmando el laudo emitido por el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

La denuncia de Infrared, iniciada en 2014, se centró en dos proyectos renovables en Andalucía y Extremadura, afectados por las reformas regulatorias aplicadas entre 2010 y 2013. El tribunal arbitral ya había condenado a España en 2019 y rechazó posteriores intentos del Gobierno de anular el proceso, consolidando la obligación de pago.

El fallo de EE.UU. se suma a otros recientes como los casos Eurus, RREEF e Infrastructure Services, conocido como “caso Antin”. En conjunto, las decisiones judiciales elevan las obligaciones de España a más de 360 millones de euros, con riesgo de embargos internacionales en caso de incumplimiento.

Los denunciantes advierten que la falta de soluciones rápidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez puede derivar en nuevos embargos cautelares o definitivos de bienes españoles en el extranjero. De hecho, ya se han incautado ingresos de Eurocontrol en Bélgica y la sede del Instituto Cervantes en Londres fue embargada de forma preventiva.

Actualmente, España acumula indemnizaciones pendientes por más de 1.492 millones de euros, cifra que podría incrementarse en otros 386 millones al sumarse intereses y sobrecostes legales. Los afectados insisten en que el Ejecutivo debe alcanzar acuerdos similares al cerrado con JGC en junio, para cerrar un capítulo que ha deteriorado la reputación del país y lo ha colocado como líder en la lista mundial de laudos impagados, incluso por encima de Venezuela y Rusia.

EE.UU. CRITICA ATAQUE ISRAELÍ EN CATAR PESE A HABER SIDO INFORMADO

La Casa Blanca calificó de “desafortunado incidente” el ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha, Catar, aunque aseguró que fue notificada con antelación. La portavoz Karoline Leavitt señaló que, si bien la acción buscaba eliminar a miembros del grupo islamista, bombardear dentro de un país soberano y aliado cercano “no contribuye a los objetivos de paz de Israel ni de Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump ordenó a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, comunicar a Catar el “ataque inminente”. Tras el bombardeo, Trump habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y con las máximas autoridades cataríes, a quienes agradeció su apoyo y les aseguró que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.

El ataque, el primero de Israel en suelo catarí, tuvo como objetivo a una delegación de Hamás que se encontraba en Doha discutiendo una propuesta de tregua en Gaza. Según el grupo islamista, cinco de sus miembros murieron, aunque ninguno pertenecía al equipo negociador. También falleció un miembro de las fuerzas de seguridad de Catar.

La ofensiva generó tensión diplomática adicional, dado que Catar alberga la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio y juega un papel clave como mediador en el conflicto entre Israel y Hamás. Washington subrayó que sigue considerando a Doha un “poderoso aliado y amigo”, pese a la incomodidad por la localización del ataque.

El Gobierno catarí negó haber sido informado previamente por Estados Unidos. El portavoz Majed al Ansari afirmó que la llamada de un funcionario estadounidense se produjo al mismo tiempo que las explosiones, contradiciendo la versión de la Casa Blanca y evidenciando las fricciones en la gestión de la crisis.

TRUMP EVITA ACLARAR SI ESCRIBIÓ SUPUESTA CARTA A EPSTEIN: “TEMA ZANJADO”

El presidente Donald Trump se negó a confirmar si fue el autor de una carta con contenido lascivo que supuestamente envió en 2003 al magnate Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50. “No comento sobre algo que es un tema zanjado. Ya he dado todos los comentarios al equipo. Asunto cerrado”, dijo Trump en una llamada a NBC News.

La misiva salió a la luz tras la publicación de documentos del llamado archivo Epstein, entregados al Congreso por el Departamento de Justicia. La carta, incluida en un “libro de cumpleaños”, contiene un diálogo ficticio entre Trump y Epstein, un dibujo de una mujer desnuda y una firma con el nombre “Donald”, parecida a la rúbrica del mandatario.

Trump ha rechazado rotundamente ser el autor, asegurando que él “no sabe dibujar”. El vicejefe de Gabinete, Taylor Budowich, insistió en que la firma no corresponde al presidente, apoyándose en comparaciones con rúbricas más recientes. Sin embargo, medios como The New York Times han señalado similitudes con firmas personales que Trump usaba en los años noventa.

El análisis reveló que, en documentos enviados a funcionarios de Nueva York y a Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump firmaba únicamente con su nombre, añadiendo una línea larga al final, un rasgo que aparece también en la carta atribuida a Epstein. Estas coincidencias alimentaron nuevas dudas sobre la autenticidad de la misiva.

La publicación del archivo Epstein ha reavivado la controversia política. Seguidores del movimiento MAGA, cercanos a Trump, sostienen teorías de que el financista tenía listas de clientes poderosos protegidos por las élites. El caso mantiene viva la tensión en torno a la figura del presidente y su relación con el escándalo de Epstein, cuya muerte en 2019 aún genera especulaciones.

CASA BLANCA GENERA POLÉMICA POR PARODIA DE INMIGRANTE DEPORTADO

La Casa Blanca desató fuertes críticas tras publicar en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que se caricaturiza a un inmigrante guatemalteco arrestado en Nueva Orleans. El montaje imitaba la caja de un muñeco Labubu e incluía un dibujo del hombre esposado con un cartel que decía “Depredador sexual extranjero ilegal arrestado por el ICE. ¡Deportado!”.

El Gobierno también difundió la foto real y la identidad del detenido, condenado en EE.UU. por un delito sexual, y acompañó la caricatura con la frase: “WTF. Quizá los Labubu son demoníacos”. La publicación generó sorpresa y rechazo, con usuarios preguntándose si la cuenta oficial había sido pirateada o criticando la “infantilización” del discurso oficial.

Mensajes en redes calificaron la acción como “vergonzosa” y “loca”, cuestionando que la cuenta presidencial use expresiones como “WTF” para burlarse de un proceso de deportación. La controversia se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre el tono provocador con el que la administración Trump ha gestionado su comunicación digital.

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza recursos polémicos en este ámbito. En febrero ya había difundido un video de deportaciones editado con sonidos de turbinas, esposas y pasos, simulando un contenido ASMR. Aquella pieza fue celebrada por Elon Musk, entonces asesor de Trump, pero también criticada por trivializar el sufrimiento de miles de inmigrantes deportados.

TOMADO DE: Eldiariocolombiano.com

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