Ordenan captura internacional de Carlos Mattos
Tras la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra el empresario, el juez 27 con función de garantías determinó enviarlo a la cárcel y ordenar su captura internacional.
El empresario Carlos Mattos tiene nacionalidad española y actualmente vive en Madrid.
Después de que la Fiscalía imputara los delitos de cohecho por dar un ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático y daño informático al empresario Carlos Mattos y argumentara que el hoy sindicado representa un peligro para la sociedad, el juez 27 con función de garantías decidió enviar a la cárcel a Mattos y ordenar su inmediata captura internacional. Esto al considerar que el empresario no solo es un peligro para la sociedad, sino también puede obstaculizar la acción de la justicia.
«No es gratuito decir que sólo representa un peligro para la sociedad, sino que también se ha visto envuelto en unos hechos de obstrucción y burla a la justicia, es una persona que no le teme a nada», aseguró el juez durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Mattos se encuentra en España, donde al parecer está recibiendo tratamientos médicos para un cuadro de depresión que lo aqueja, por lo que fue imputado en contumacia.
Asimismo, el juez consideró que Mattos se vale de su “poder económico y de la influencia que le da ese poder económico” para obstruir la justicia, como al parecer se evidenció en el caso del abogado Alex Vernot, quien al parecer estaría tratando de sobornar a testigos en este caso.
La Fiscalía le atribuyó a Mattos ser uno de los partícipes en la manipulación del reparto de una demanda que él presentó contra la compañía coreana Hyundai Motor Company, que en septiembre de 2015 le quitó al empresario la representación comercial de Hyundai en Colombia después de 25 años de relación comercial. Luego de esa ruptura, el ente investigador dijo en la audiencia que Mattos conformó un equipo de varios abogados para buscar resarcir los perjuicios ocasionados por esa decisión.
Para ello, Carlos Mattos habría contratado a Carlos Ignacio Jaramillo, exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, con el propósito de elaborar una demanda con la que pretendía obtener las medidas cautelares. El exmagistrado elaboró la demanda, con base en sus amplios conocimientos en el campo del derecho, y se la presentó a Mattos en noviembre de 2015. Mattos, para ese entonces, ya venía hablando con el abogado Luis David Durán Acuña del proceso irregular, según la Fiscalía. Durán Acuña está siendo investigado por esto hechos y se encuentra detenido.
La Fiscalía aseguró que la demanda fue presentada en la oficina de reparto del Supercade de Suba, en el occidente de Bogotá, el 29 de febrero de 2016. A las 9:26 a.m. de ese día, la demanda fue asignada por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito, en cabeza de juez Reinaldo Huertas. En menos dos meses, el despacho accedió a las medidas cautelares en favor de Mattos, lo cual implicaba que la compañía coreana no podía realizar ninguna actividad comercial en el país sino únicamente con la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A.
Lo que vino después encendió las alarmas de las autoridades. La Fiscalía aseguró que Jenny Andrea Barrios, coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los juzgados civiles, laborales y de familia, presentó en marzo de 2016 una denuncia explicando que el sistema presentaba irregularidades. La mujer reportó la irregularidad al ingeniero Fabio Rozo y, luego de hacer la verificación, efectivamente encontró una alteración en el sistema por parte del usuario wcasas, que corresponde a Wilmer Andrey Casas Mendoza, auxiliar administrativo de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial para ese entonces.
El ingeniero Rozo se conectó al sistema de manera remota, tomó unos pantallazos de las irregularidades y llamó a su jefe, Ramón Orlando Ramírez Fuentes, pero la Fiscalía asegura que no encontró ninguna respuesta de esta persona para averiguar qué sucedía. Tanto Casas Mendoza como Ramírez Fuentes fueron detenidos y aceptaron su responsabilidad por estos hechos. El órgano investigador dijo que Edwin Fabián Macías Castañeda fue la persona que físicamente presentó la demanda y que sostuvo reiteradas comunicaciones con Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del mencionado juzgado.
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