Las contingencias derivadas de la crisis de Hidroituango obligan a decidir entre lo malo y lo catastrófico. Ahora el reto es enmendar el daño medioambiental de manera impecable.
Desde que se precipitó la crisis de Hidroituango, en mayo del año pasado, los gestores del megaproyecto -técnicos, gerenciales, políticos- han tenido que sortear toda clase de dificultades añadidas a la pluralidad de contingencias que surgen una sobre otra cuando una situación es extraordinaria. Y han tenido claro que muchas de las decisiones que deben adoptar, aparte de la ponderación urgente y sobre la marcha acerca de los intereses y bienes jurídicos por proteger, implican la escogencia de opciones limitadas que fluctúan no entre las buenas y las malas, sino entre las malas y las catastróficas.
Así ocurrió con la opción de inundar la sala de máquinas para permitir evacuación de aguas represadas. En las circunstancias precisas de ese momento, hacerlo equivalía a un daño cierto pero también a evitar un eventual colapso de estructuras con consecuencias calamitosas e irreparables ante todo para la comunidad río abajo.
También ahora, con la advertencia de la firma Integral sobre el límite de resistencia de una de las rejas de conducción que comunicaba con uno de los túneles, obligaba a tomar decisiones inmediatas. En este caso, cerrar la compuerta 1. El efecto era la disminución abrupta del caudal del río Cauca con enormes consecuencias para el medio ambiente.
Las autoridades de EPM, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han formalizado desde el principio el orden de prioridades para la toma de decisiones: en primer lugar, la seguridad de la gente (habitantes de las riberas, poblaciones expuestas a crecientes, municipios ubicados a lo largo del río); en segundo, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas; en tercer lugar, la supervivencia del proyecto y la estabilidad de las obras.
Con la última contingencia se elevan muchas voces que cuestionan si, en efecto, se tuvo en cuenta la protección del medio ambiente. Ante esto, EPM y las autoridades competentes (alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia) estuvieron de acuerdo en ordenar el cierre de la compuerta. Han manifestado ser conscientes y lamentar los efectos sociales y económicos sobre la comunidad que depende del río para su vida diaria y de los efectos ambientales adversos que se han dado como consecuencia. En el mismo orden de ideas han expresado su compromiso en enmendar las consecuencias de las decisiones que han tomado, como en efecto deben hacerlo de manera contundente.
Las decisiones se concentran ahora en paliar la crisis de corto plazo, pero las de mediano y largo plazo también deberán ser definidas pronto.
Mientras tanto, asoman en el horizonte procesos administrativos y judiciales de las más diversas agencias estatales. Las explicaciones y justificaciones que deberá suministrar EPM habrán de ser detalladas y bien fundamentadas, así sea previsible de multas que se añadirán a los costos adicionales de la crisis.
Técnicos y expertos hablan de daños ecológicos y ambientales irreparables, mientras EPM insiste en que las consecuencias podrán ser revertidas en plazos razonables. Cada uno de los compromisos y promesas del responsable de la obra quedarán presentes para valorar su cumplimiento a medida que pase el tiempo y se tramiten los procesos legales.
La crisis será larga pero los tiempos de los actuales gestores tienen plazo hasta la terminación de los actuales mandatos, el último día de este año. Próximamente habrá campaña electoral y para los ciudadanos, conocer la posición de los candidatos sobre el manejo de esta crisis, su proyección futura, su ecuanimidad y buen juicio en contraposición con el populismo facilista, así como el programa gerencial que tengan para EPM e Hidroituango, serán elementos claves para valorar el voto por quienes vayan a asumir las funciones de gobierno en Medellín y Antioquia..
Tomado de: www.elcolombiano.com