NORMAS DE POLICÍA: MÁS ALLÁ DE LA EMPANADA

marzo 4, 2019
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Antes que ponerse a reformar el nuevo Código de Policía, hay que impartir instrucciones para su correcta interpretación. El ciudadano debe conocerlo, entender sus derechos y saber sus obligaciones.

Que del cúmulo de noticias que a diario se produce en este país, la de la multa a un ciudadano en Bogotá por comprar una empanada en la calle siga teniendo eco, obliga a reflexiones y planteamientos centrados que vayan más allá del catálogo de chanzas e ingeniosidades a las que dio lugar la mal puesta e inconducente multa.

Es comprensible la resonancia que tuvo el hecho. Le llega a los ciudadanos por cuanto toca una actividad tan cotidiana, que se presume tan corriente, que toparse con que puede ser penalizada genera una natural resistencia y contrariedad. Sin embargo, el análisis que hay que hacer debe partir de la evidencia de que, como tantos otros, el fenómeno se origina en un equívoco: la incorrecta interpretación de la norma por parte de unos agentes de la Policía se deriva de la mala utilización del espacio público, y de creer que quien compra en la calle fomenta esa ocupación indebida. Y de ese equívoco se pasó al otro: propagar que se iba a perseguir el consumo de empanadas y de otros productos en las calles.

La empanada seguirá generando titulares pero hay que pasar a los verdaderos puntos del debate: la pertinencia de las normas del Código de Policía y Convivencia y la eventual necesidad de reformarlas. La ausencia de mecanismos procesales de control de las medidas policiales. Las facultades legales de controlar y vigilar el uso y ocupación del espacio público. La extendida informalidad y las redes de explotación de las ventas ambulantes. La actitud de la sociedad frente a la aplicación de normas de convivencia, y la resistencia a cualquier tipo de limitaciones, así sea para la garantía de un ordenamiento social armónico.

El Congreso, dentro de sus competencias de control político, puede abordar el asunto de cómo se está aplicando el Código de Policía y Convivencia, antes que ponerse a introducir reformas a la carrera al calor de la ola mediática. El poder Ejecutivo debe impartir directrices que lleven a una adecuada interpretación de las normas. Las de Policía y Convivencia, como las demás, requieren razonabilidad, proporcionalidad entre medios y objetivos buscados y sentido común. Y, aparejado a todo ello, la ciudadanía debe conocer la normatividad, pues de lo contrario siempre habrá un choque entre el ejercicio del poder y la función de policía con el de la receptividad de la comunidad y su disposición a comportarse bajo los principios cívicos.

El control y vigilancia del espacio público es una gran tarea pendiente, y debe hacerse de forma inteligente y eficaz. Si bien hay grandes masas de población que encuentran sustento en la venta ambulante, también es cierto que hay grupos que controlan la “privatización” del espacio público y explotan la informalidad para no tener que cumplir las normas y obligaciones que les serían aplicables de estar en la formalidad. Aparte de eso, también hay que decirlo, junto a las normas de uso y ocupación del espacio público hay otras de control sanitario y de salud pública que parece solo se aplican al comercio formal. Posiblemente las autoridades temen que si esas normas se exigieran a todos por igual, habría protestas y asonadas.

La propuesta es, por tanto, relanzar una estrategia integral para comprender las normas del Código de Policía y Convivencia, asegurar su aplicación bajo parámetros de razonabilidad y buen juicio, otorgar al ciudadano herramientas para defenderse ante posibles excesos o arbitrariedades, y que la sociedad comprenda que hay derechos pero también obligaciones y responsabilidades derivadas de la convivencia y del ordenado transcurrir de la vida en comunidad.

Tomado de: www.elcolombiano.com