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Nos vemos el 21
Debo ratificar mi rotundo rechazo a los grupos al margen de la ley que buscan infiltrarse para crear el caos y desvirtuar el paro como un acto pacifico que busca llamar la atención del presidente de la República y el Gobierno.
Sin saber aún qué pueda suceder este 21 de noviembre, el país desde los distintos sectores de la sociedad asume su rol frente a lo que sus organizadores plantean como una gran convocatoria social que estremecerá a Colombia, igual o más que lo ocurrido en Ecuador y Chile, en relación con las manifestaciones contra sus respectivos gobiernos.
Sin duda, no ha sido un año fácil para la democracia de las naciones vecinas, desde Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y el más reciente, Bolivia.
Ante un panorama político como el actual, Colombia no es ajena a los vientos de descontento social que se viven alrededor del mundo. Por estos últimos meses, Suramérica ha visto cómo la furia de sus pueblos manifiestan la inconformidad en la que viven y los cambios que cada población pide.
Por ello, una serie de peticiones se han manifestado a través de distintos gremios, quienes llevarán a cabo una marcha multitudinaria a nivel nacional para “tumbar” lo que han denominado “el paquetazo” de Duque.
Siendo así, se han unido al paro los campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades afro, mujeres, comunidad LGTBI, pensionados y trabajadores.
Los anteriores grupos marcharán por distintas razones que, si bien el Gobierno y partidarios del ejecutivo han deslegitimado, esto no ha sido razón para detener la manifestación.
De parte de los estudiantes de las universidades públicas, por ejemplo; buscan que se eliminé el artículo 44 de la Ley de presupuesto, que le quita recursos a las instituciones de educación superior para poder pagar las diferentes demandas que reciba el Estado.
Los manifestantes piden también acabar con la reforma laboral, pues ya se conoció que gremios afines al Gobierno han propuesto reducción del salario para los jóvenes, para que sólo devenguen el 75% del mínimo. Asimismo, proponen un salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo.
En relación con la reforma pensional, los organizadores del paro dicen que se podría dar una eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores.
Además, argumentan que el Gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado y que quieren que haya pensiones por debajo del mínimo a través de los BEPS.
También, y muy importante para la Región Caribe, es lo que tiene que ver con el tarifazo nacional: Las tarifas de energía se incrementarán hasta en un 35% para los estratos 4,5 y 6 en el país con el fin de beneficiar a Electricaribe.
Como si fuera poco, a través de la reforma tributaria se pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores.
Así pues, a puertas de diciembre, inicia la puja por el salario mínimo, la exigencia será un salario que permita tener una vida digna y que cubra la canasta familiar.
Por otro lado, se busca que el Gobierno Nacional cumpla los acuerdos que firmó con Fecode, los trabajadores estatales y los estudiantes. De la misma manera se pide que cumpla los compromisos con el agro y con los indígenas.
Entre tanto, según los organizadores del paro, el Gobierno busca restringir al máximo las manifestaciones, a pesar de que son un derecho que hay que defender; quieren criminalizar y estigmatizar a los que participan en ellas.
Finalmente, ante estos puntos quiero dejar sentada mi posición en el sentido que, si bien apoyo la causa en mención, debo ratificar mi rotundo rechazo a los grupos al margen de la ley que buscan infiltrarse para crear el caos y desvirtuar el paro como un acto pacifico que lo que busca es llamar la atención del presidente de la República, Iván Duque Márquez, sobre los graves asuntos que ha desatendido del país y la forma en cómo está gobernando la nación.
Por favor, marchemos sin violencia para no deslegitimar la movilización ciudadana.
Tomado de: www.laorejaroja.com
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