Se calienta la pelea por las etiquetas frontales en alimentos

mayo 23, 2019
0 comments
admin
Posted in Salud
0

Industria rechaza información alarmista y organizaciones ciudadanas buscan que datos se entiendan.

Tablas nutricionales como las de la foto son las únicas etiquetas obligatorias hoy en Colombia.
**Foto:** iStock

Por: Carlos F. Fernández y Ronny Suárez

La implementación obligatoria del etiquetado de alimentos ultraprocesados, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir las crecientes cifras de obesidad en países como Colombia, vive horas cruciales en el Congreso por cuenta de dos proyectos de ley que podrían regular su uso.

El primero es el proyecto de ley 256 y el segundo es el 214 del 2018. El primero es apoyado por la industria y el segundo por las organizaciones civiles y la academia. Ambos, en teoría, hablan de lo mismo, de la necesidad de presentar información más clara a los consumidores en paquetes y envases, pero se diferencian en la forma de hacerlo: el etiquetado GDA (guías diarias de alimentación) o los sellos frontales de advertencia.

Aunque el debate se ha hecho en un ambiente de diálogo, las partes que los promueven rechazan tajantemente la opción contraria bajo argumentos irreconciliables. ¿Por qué hay dos proyectos de ley de lo mismo?

El 25 de julio del 2017, Óscar Ospina, Mauricio Salazar, Víctor Correa y otros 12 congresistas presentaron el proyecto 019 (ahora 256), llamado «ley de la comida chatarra», con el apoyo de organizaciones como Red Papaz, Educar Consumidores y de gremios médicos y académicos. La iniciativa buscaba proteger a la población frente a los riesgos de dietas basadas en alimentos elaborados industrialmente y que en sus procesos de producción involucran altos contenidos de preservantes, azúcares, sales, grasas insanas y elevado nivel de calorías.

Y en este contexto, sus promotores elaboraron un articulado que incluía, además de la obligación de parte de los productores de informar de manera exacta los contenidos de sus alimentos, también medidas en entornos escolares, familiares e incluso políticas para regular la publicidad y favorecer el acceso a comida más sana.

La idea, según Esperanza Cerón, vocera de Educar Consumidores, era promover compras basadas en decisiones informadas y eso contemplaba el uso de sellos frontales de advertencia, una fórmula de etiquetado explicita, directa y efectiva que ya ha sido probada en países como Chile y Perú.

Sin embargo, promotores de esta iniciativa, como María Isabel Uscher, delegada de la Sociedad Colombiana de Pediatría para estos debates, aseguran que durante las discusiones en el Congreso se fue “descafeinando”, se modificaron los puntos de la iniciativa original y en la última etapa se alcanzó a salvar el etiquetado frontal de advertencia.

Hasta ese punto se consideraba un gran avance, pero en una última discusión, con presencia de altos directivos de gremios industriales como la Andi, la SAC y Fenalco, se agregó una proposición en la que se eliminaban los sellos de advertencia y se incluía el etiquetado GDA, que hoy usa la industria en algunos productos a modo de autorregulación, con la opción de que el Ministerio de Salud pudiera reglamentar modificaciones.

Así y todo, dicho proyecto no se aprobó en la pasada legislatura y hoy sigue vivo en el Congreso con el número 256.¿Hoy qué propone el proyecto de ley 256?

A grandes rasgos plantea que productos definidos por el Ministerio de Salud deberán incluir la información sobre la cantidad de azúcares totales, grasas saturadas, sodio y energía contenidos en cada porción, además del porcentaje frente al valor diario de referencia, en íconos que no deben sobrepasar el 20 por ciento de la cara frontal del empaque.

Para la industria, representada en la Cámara de Alimentos de la Andi, esta opción de etiquetado GDA “no es alarmista e impulsará que los consumidores puedan interpretar las cantidades para que tomen decisiones conscientes de lo que consumen”.

“Este proyecto de ley ya se encuentra a espera de su tercer debate y debería ser un compromiso avanzar ya que no se puede perder más tiempo para afrontar, entre todos, los desafíos de salud pública que tiene Colombia, como son la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles”, asegura la industria.

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, dice que por esas modificaciones hoy el proyecto de ley 256 es un “Frankenstein” que favorece intereses que van en contravía de la salud pública porque, entre otras cosas, este etiquetado no informa al consumidor si un producto es saludable o no.¿Qué plantea el segundo proyecto de ley?

Luego de ver perdido el espíritu del proyecto 256, en agosto del año pasado una alianza de senadores de varios partidos con el apoyo de diversas oenegé presentaron el proyecto de ley 214, que no se ha debatido y solo hasta hace dos semanas tuvo su primera audiencia en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.Ver imagen en Twitter

Estamos en la comisión séptima de la Cámara para cubrir en detalle la audiencia pública sobre el proyecto de ley 214: «por medio del cual se promueve el acceso a la información necesaria para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles».

Este proyecto rescata algunos puntos esenciales de la antigua iniciativa (“ley de comida chatarra”) y los sellos de advertencia frontal toman una relevancia especial, sobre la base de que hay evidencia de sobra que respalda sus beneficios en favor de la salud pública integral.

Este tipo de etiquetado frontal es mucho más favorable que el GDA porque presenta mensajes directos en el proceso de compra, a favor o en contra de un producto, dependiendo de su contenido, insiste Piñeros.

En la audiencia del pasado 9 de mayo en el Congreso, este proyecto recibió el apoyo de Red Papaz, Educar Consumidores, De Justicia, la Sociedad Colombiana de Pediatría, economistas y salubristas.

Cuál es la mejor opción, según expertos independientes

EL TIEMPO quiso indagar entre expertos independientes (sin conflictos de intereses) de distintas especialidades cuál era para ellos la mejor opción entre el etiquetado GDA que defiende la industria y los sellos de advertencia de organizaciones ciudadanas:

César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas: “Las etiquetas GDA son difíciles de interpretar, mientras que los sellos frontales de advertencia son una alerta documentada, concreta y generan decisiones informadas”.

Iván Darío Escobar, miembro de la Sociedad Colombiana de Endocrinología: “Las advertencias específicas simples (sellos de advertencia) son para la gente y el etiquetado GDA es para los técnicos, pues son muy difíciles de entender. Los sellos negros y la información puntual es más clara para la población”.

Nohora Bayona, nutricionista: “Las tablas nutricionales ni siquiera las entienden personas expertas. Para hacer la valoración hay que andar con calculadora en mano y aquí lo que se necesita es efectividad. Los sellos de advertencia frontales son necesarios”.

Dionne Alexandra Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública: “Vemos con optimismo el proyecto de ley 214. Las tablas nutricionales terminan siendo muy difíciles de comprender y aparecen en tamaños diminutos. Cuanta más información, más clara y que advierta altos contenidos de grasa, azúcares y sodio haya prevalece el interés general y no el de la industria”.

Saúl Rugeles, director de la unidad de nutrición clínica del Hospital San Ignacio: “Hoy muchos alimentos en el mercado tienen exceso de nutrientes que promueven la ganancia de peso y el desarreglo metabólico. Aunque hay legislación de etiquetado, tiene falacias, como la dificultad para las personas para interpretar el tamaño de la porción, que no se presenten todos los ingredientes contenidos o que no se sepa si un nutriente crítico es alto o bajo. Los sellos de advertencia frontales pueden orientar a la gente común y corriente sobre consumos riesgosos”.

Gabriel Robledo Kaiser, presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad (Funcobes): “Los etiquetados frontales explícitos son una necesidad imperiosa que no se pueden aplazar en el país si queremos avanzar hacia estilos de vida saludables y a favor de la salud pública en un marco de prevención”.

Tomado de: www.eltiempo.com